El juez acogió los nuevos presupuestos presentados a favor de Rafael Luis Martínez Hazim y dispuso la variación de su medida de coerción, al considerar que correspondía someter su situación particular a un examen de proporcionalidad.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el proceso por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
De la misma manera dispuso la variación de la medida de coerción a Rafael Luis Martínez Hazim, a quien impuso arresto domiciliario y una garantía económica de 15 millones de pesos.
El magistrado tomó la decisión durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, al considerar que no han variado los presupuestos que justificaron la prisión preventiva de cinco de los encartados.
En consecuencia, tanto Hazim como Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
El tribunal entendió que, en esos casos, persisten los riesgos procesales, tomando en consideración la gravedad de los hechos atribuidos, el perjuicio económico investigado y la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso.
Arresto domiciliario para Rafael Martínez Hazim
En cambio, el juez acogió los nuevos presupuestos presentados a favor de Rafael Luis Martínez Hazim y dispuso la variación de su medida de coerción, al considerar que correspondía someter su situación particular a un examen de proporcionalidad.
La nueva medida incluye arresto domiciliario, una garantía económica de 15 millones de pesos mediante contrato de fianza, impedimento de salida del país sin autorización judicial y colocación de un localizador electrónico.
Entre los argumentos presentados por su defensa figuraron que el imputado no tiene participación accionaria en las empresas investigadas y que no presenta riesgos procesales que justifiquen mantenerlo bajo prisión preventiva.
Al ponderar los elementos aportados, el magistrado tomó en cuenta las circunstancias particulares de cada encartado y la proporcionalidad de las medidas de coerción.