Será este viernes, a las 2:00 de la tarde, cuando el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, continúe el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, vinculadas por el Ministerio Público a un presunto entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la jornada de este jueves, el magistrado escuchó los argumentos de los abogados de los imputados, quienes expusieron sus medios de defensa y los presupuestos que, a su juicio, justifican que sus representados no sean enviados a prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo, debido a la presunta participación de estos en un esquema mediante el cual se habrían facturado y cobrado a SeNaSa autorizaciones correspondientes a procedimientos y consultas médicas que, según consta en el expediente, no habrían sido realizados.
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